El balance que el neofeminismo se niega a realizar

Hemos hablado muchas veces en esta bitácora de que el feminismo no ha tenido nunca, con algún éxito electoral,  un partido propio,  pero también  de que esto no ha sido óbice para que desde su perspectiva los resultados de las políticas de los últimos años hayan sido óptimos, lo que explica su rechazo y aversión a un debate en el que se plantee con claridad  si el poder  es  del sexo que con más frecuencia lo encarna  o del sexo  a  quien mejor sirve  y si esa estrategia encubierta no produce mucho mejores resultados que si el poder estuviese encarnado por ellas mismas, y esto aunque solo fuese porque obligaría a rendir cuentas sabiendo a quien pedírselas y sin que la responsabilidad acabe, como ahora mismo, perdida en una maraña en la que resulta muy complicado discernir quién es quién y quién debe responder de lo que pasa.

Porque es verdad que la legislación de género puesta en marcha en nuestro país en las tres últimas décadas es de la autoría intelectual del neofeminismo y eso es así, sea que nos refiramos a la Ley contra la violencia de género,  la Ley de divorcio  -en particular lo que se refiere a la custodia de los hijos y al reparto del patrimonio conyugal en caso de separación-, la de igualdad  o tantas otras, pero  lo cierto es que todas ellas  han sido aprobadas con amplio apoyo parlamentario. Y lo fueron sin que estuviesen  en ningún programa electoral de forma clara y en su auténtico significado y  sobre todo sin un debate clarificador en la sociedad ya que el peso del lobby feminista fue absolutamente determinante para que todas las voces críticas fuesen siendo acalladas poco a poco.

De la reforma de la Ley de divorcio se dijo, paradojas de la política,  que se hacía para que incluyera la custodia compartida  y de la de violencia de género para acabar con la violencia contra las mujeres, pero sin que en ningún momento se  explicase  a la opinión pública que eso iba a suponer la ruptura de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y sin que sepamos por qué cada año se renueva el apoyo a una ley cuya efectividad en relación con el objetivo primeramente señalado es tan baja. En relación con la “custodia compartida” recogida en esa reforma de la Ley de Divorcio entiendo que no hacen falta mayores comentarios a tenor de las tensiones actuales para este enésimo intento de incorporarla,  como opción preferente, a nuestra legislación, al igual que sucede en tantos otros países de nuestro entorno.  

Por lo que atañe a la cuestión de a quién beneficia una estrategia como ésta no cabe duda a tenor de lo que se observa en el día a día  y de la alegría con que están siendo celebrados estos cambios por parte del neofeminismo.  Como tampoco la tenemos del perjuicio que a todos ocasiona el que las cosas se produzcan de esta manera y no de una forma más clara y transparente. Hasta el punto de que entiendo que  sería bueno profundizar en qué parte de responsabilidad tiene un tema como éste, con tantas ramificaciones, en el descrédito actual  de la política y de quienes la representan. También del distanciamiento de los ciudadanos de una clase política, que una vez en el poder deciden  hacer lo que figuraba en su programa electoral y lo que no, y vive sumida en una gravísima crisis de representatividad: cuando uno cree que ha votado una línea ideológica o programática lo que resulta es un batiburrillo en el que todo tiene cabida.

Lo que, sin embargo,  en esta entrada me gustaría resaltar como novedad es el hecho de que en el plano de lo ideológico nos encontramos con algo parecido. Más que una ideología propia el feminismo y ahora el neofeminismo lo que ha hecho es aprovechar el ambiente intelectual y político dominante en cada momento histórico para ir consolidando derechos  en torno a una cada vez más difusa idea de igualdad, lo que indudablemente ha conducido finalmente a profundas contradicciones y negaciones entre lo que hoy proclama y exige y lo que ha sido su trayectoria histórica. Nació al socaire de las ideas ilustradas, y fue en el ambiente liberal y en buena medida gracias al apoyo de una figura tan relevante como  Stuart Mill que formuló su derecho a la igualdad jurídica, como sería luego con Marx y Engels y otras figuras y movimientos de la izquierda de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX que situaría en un primer plano los derechos económicos, sociales y políticos.

Pero será a partir de los años sesenta del siglo pasado cuando al calor de las reivindicación de los derechos de las minorías en primer lugar en EE.UU, y posteriormente a través de todo el mundo, que en una clara apropiación indebida jugó a situarse como tal minoría y a exigir el mismo tratamiento que éstas, en particular todo lo referente a la discriminación positiva, viniendo a parar en que no solo no se trataba de una minoría comparable a las demás, tampoco que pudiese asimilarse su discriminación a algo de una naturaleza bien diferente como la discriminación racial. Pero lo cierto es que dicha estrategia le funcionó con el resultado de que los derechos conseguidos fueron mayores a los de cualquier otra particularmente en lo referido a la discriminación positiva, que si en el resto de los casos se entendió como una estrategia temporal y para cuando dicha minoría estuviese en desventaja, para el caso de las mujeres esas limitaciones jamás existieron ni en lo referido a la temporalidad ni en lo referente a la situación de desventaja.

Y es en la deriva de esta falsa consideración como minoría y de asimilación de la discriminación femenina con la discriminación racial que nace el feminismo radical americano que tan profundamente marcaría el devenir del feminismo posterior y que  he definido como neofeminismo porque a mí entender supone una ruptura tan grande con todo lo anterior que usar la misma denominación solo puede conducir a la confusión y al desconcierto.  Otro ejemplo de asimilación absolutamente improcedente lo llevó adelante  Andrea Dworkin una de las figuras destacadas de este feminismo cuando  comparaba la persecución de la mujer con el holocausto y gustaba de presentarlas como  “survivor”. Ni que decir tiene que lo que tuvo su origen en los EE.UU se ha trasladado a Europa con algún agravante, no sólo por lo que supone de mímesis sino porque lo que en la sociedad americana representaban movimientos sociales de base que debían ganarse los apoyos en la arena política  aquí en la U.E  ha sido recogido como política oficial y bien sabido es, que el peso de lo público en nuestras sociedades es muy superior al que representa en países como EE.UU.

Donde este oportunismo ideológico ha asumido caracteres imposibles  de admitir es cuando en nuestro país plantea la asimilación de la discriminación de la mujer  y la violencia de género con la violencia terrorista, consiguiendo arrancar a las fuerzas políticas un protocolo de actuación idéntico para ambas, con la excepción del delito de apología del machismo, que por asimilación con el de apología del terrorismo  habían querido incorporar a nuestra legislación y por el que todavía determinadas posiciones neofeministas siguen peleando.  Asimilación que finalmente ha conducido no solo a la desigualdad jurídica de varones y mujeres en la violencia de pareja, también a que las muertes en ese ámbito tengan un tratamiento tan absolutamente diferenciado que mientras unas suponen un delito contra la sociedad, las otras apenas si encuentran eco en las  páginas de sucesos.

La gran paradoja de todo este asunto está en que carecer de líder, partido político propio y una ideología clara y coherente, ha significado para el feminismo y el neofeminismo una completa ventaja ya que como tantas otras veces sucede en la vida social la invisibilidad constituye la mejor estrategia de pervivencia, y de este modo sus 110 años de feminismo y los 40 de neofeminismo han transcurrido sin realizar ni un solo balance, sin dar cuenta ni en una sola ocasión de lo hecho y lo que restaba por realizar, sin necesidad de explicar cómo lo que nació como proyecto de igualdad ha derivado en la prevalencia  de género actual. Y si desde el plano de sus intereses una actuación de ese tipo no pueda ser considerada más que como un auténtico éxito, desde el plano social constituye un verdadero fraude a la sociedad y fracaso de la democracia que desde siempre se entendió consustancial con el debate y la claridad, con la visibilidad de los distintos agentes, con la necesidad de rendir cuentas y con el derecho de la ciudadanía a exigir responsabilidades, circunstancias éstas totalmente imposibles para el caso que nos ocupa caracterizado justamente por haber burlado todas y cada una de estas cosas.