Esta mañana en una emisora de radio que presume de no amarillismo y de no hacer juicios paralelos, he asistido al hecho insólito en un país donde se respeten la división de poderes y las sentencias de los jueces, de la entrevista a una persona a la que por dos veces una juez no le había dado la razón en una sentencia de maltrato, en un contexto en el que parecía imposible no interpretar el hecho como una presión sobre la juez.
Lo cierto es que a la entrevistada no sólo parecía concedérsele toda la presunción de credibilidad, como si enfrente no hubiese una presunción de inocencia que respetar, máxime si está avalada por dos sentencias absolutorias, también se le concedía, sin derecho a réplica, todo el tiempo y la audiencia para explayarse no sólo sobre su caso también para hacer consideraciones de tipo mucho más general y que, como digo, resultaba imposible no pensar en un intento de injerencia y presión sobre la juez, circunstancia que en un estado democrático y de derecho no debiera estar tolerado.
Claro que cuando desde los aledaños del Gobierno las sentencias de los jueces sobre esta materia sólo constituyen motivo de preocupación si son de determinado signo, el resultado no puede ser más que éste. Y así sucede que, ni al Gobierno ni a los medios les preocupa que un 70% de las mismas acaben en sobreseimiento o absolución, aunque ya nada ni nadie pueda resarcir a quien ha debido sufrir el durísimo protocolo aplicable en estos casos y, lo que se cuestione no sea ese elevado porcentaje o lo que algunos jueces tienen denunciado, el clima de presión en que se están produciendo muchas de esas sentencias, sino justamente se haya decidido ir justo en la dirección contraria, y eso, a pesar de las reiteradas quejas de las asociaciones de jueces por las presiones recibidas por parte del Delegado del Gobierno para la violencia de género.
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