El Consejo General del Poder Judicial pide entre otras cosas modificar los artículos de la LIVG que resultaron más polémicos de la ley (153.1, 171.4, 172.2 y 148, que agravan las penas para los hombres) por la proliferación de recursos de inconstitucionalidad que provocaron. Para los jueces, el respaldo del Tribunal Constitucional "no ha eliminado la disparidad de las respuestas judiciales, afectando a la seguridad jurídica".
También tiene interés esta carta de Montserrat Tura a la Casa Real
Aquí podéis encontrar la carta de contestación a Montserrat Tura por parte del MInisterio de Sanidad.
Decir que, para lo que sirva con mayor claridad lo que más arriba se expone, es quizá para medir el poder del feminismo institucional, para demostrar que ante un hecho tan trascendental como que el órgano de gobierno de los jueces está indicando que la LIVG debe dejar de ser una ley misándrica, consigan que todo suceda como en sordina. Con periódicos que ocultan esa parte del comunicado de los jueces para centrarse en otros o que donde mayor repercusión tiene la noticia, es allí donde desearían que justamente esos fuesen los artículos que no se modificasen porque ese el sello que pusieron y desean para la Ley. En todo caso decir que con sentencia del Constitucional o sin ella, los jueces no la están aplicando de la misma forma. Por el lado masculino lo más sobresaliente está siendo el silencio.
Lo de la carta de la señora Tura a la Casa Real es también impresionante ya que, destapa la profunda misandria e injusticia de la LIVG con una virulencia que ninguno de los detractores hasta hoy se había atrevido a usar y lo hace en carta dirigida al Rey. En la carta además se habla de campaña contra los partidos políticos que no apoyen lo que propone…
Los argumentos de los redactores de la respuesta a la citada carta inciden en la falsedad histórica y el razonamiento circular para evitar reconocer que es una ley que incumple el precepto de no discriminación por razón de sexo y que, por tanto, no puede ser una ley que pretenda la igualdad. También que, como ya es costumbre, se eluda explicar el por qué de una disparidad tan grande entre denuncias presentadas cerca de 500.000 y resoluciones condenatorias 147.000. Mucho menos lo que está pasando en el mundo judicial a propósito de esta ley y su nula efectividad a la hora de su propósito último: reducir este tipo de violencia. Más bien al contrario parece que creciera cada año que pasa.