¿Sueño, pesadilla,o sueño y pesadilla?

A propósito de ese comentario aportado por Arturo en la entrada anterior reconozco  mi dificultad para entender cómo es posible que el neofeminismo haya conseguido amordazar de la forma que lo está haciendo a amplios sectores de la sociedad comenzando por la política, continuando por la prensa y pasando por todo tipo de profesionales, también los relacionados con la Justicia. Cómo es posible que periódicos que se dicen serios ofrezcan la imagen sesgada que ofrecen sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad y el género, o cómo pudo y puede estar siendo  que el protocolo de la violencia de género se haya impuesto en todos los eslabones de la cadena: desde el informe médico, hasta la sentencia, sin importar ni principios, ni conquistas de la civilización, ni presunción de inocencia  y convirtiendo la palabra de la mujer en verdad revelada. 

Y quizá la primera pregunta que quepa formular es la de por qué esta materia no es susceptible de debate, por qué los asuntos relativos al género se deciden en grupos cerrados y compactos que luego los políticos aprueban. Por qué quienes van de civilizados saltan a la yugular de Toni Cantó, y en lugar de datos o clarificación lo único que ofrecen son amenazas y anatemas. Si tal como recientemente publicó la prensa durante los 7 años de vigencia de la LIVG se han dictado 207.000 condenas sobre un total de denuncias de algo más de 900.000, nos encontramos con un porcentaje de condenas del 23%, y por tanto,  la pregunta que hay que contestar es qué pasa con el 77% restante, qué pasa con esos casi 700.000 varones sometidos al durísimo protocolo de violencia de género. ¿Una sociedad que se dice democrática puede hacer el vacío sobre algo así? ¿No sería esta la cifra que deberían aclarar medios de comunicación, organizaciones feministas y partidos políticos de lo políticamente correcto? ¿Basta con dictar un anatema como si estuviéramos en la Edad Media y de un asunto de fe se tratase? 

Pero tomemos otra asunto que aun siendo profundamente emocional parece que lo es menos que el anterior:  la modificación de la ley de divorcio en el año 2005, y particularmente lo relacionado con la custodia compartida,  donde todo tipo de cosas  extrañas tuvieron lugar y aunque en principio desde el PSOE se habló de un error en la votación que se subsanaría más adelante, es hoy el día que tal cosa no ha sucedido y han pasado 8 años y se han dictado cientos de miles de sentencias con el citado error plenamente vigente.  Convendría no olvidar que la reforma de la Ley de divorcio se hizo con intención de incorporar a la misma la custodia compartida y acabó como acabó, es decir, convirtiéndose en el principal obstáculo para que algo así pudiera ser posible en la sociedad española.

O que el Pleno del Tribunal Constitucional tardó siete años  en declarar inconstitucional y, por lo tanto, nulo, el inciso del artículo 92.8 del Código Civil que establecía como preceptivo un informe “favorable” del Ministerio Fiscal para que el juez pudiera acordar la guarda y custodia compartida de un menor, cuando no existía  acuerdo previo entre los progenitores, y en general todas las circunstancias anómalas que han rodeado este asunto desde los primeros momentos de su tramitación en el Congreso de los diputados.  Circunstancias anómalas en su tramitación y secretismo en su desarrollo y  aplicación.  

En este asunto la izquierda como la derecha, los más feministas y los menos feministas optan al unísono por la ausencia de transparencia y aquello de luz y taquígrafos parece que no está pensado para materia tan trascendente y de tanto interés social hasta el punto de que el reducido grupo que constituye el lobby feminista ha conseguido en todo momento imponer sus tesis y que sus postulados acaben siendo filosofía de Estado que se impone sin importar nada. Primero un “error” en la votación por parte del grupo socialista, luego una promesa de que dicho error se enmendaría sin que jamás eso haya sucedido y finalmente que el TC haya tardado siete años declarar inconstitucional lo que lo era desde el principio, no dejan de ser circunstancias que añadidas a todo lo que con posterioridad veríamos, incluidas denuncias como las de María Sanahuja, deban y puedan dejar a uno confiado en el funcionamiento de  las instituciones que deciden en materia tan sensible en un Estado de derecho. 

El sueño de unos pocos se ha convertido en la pesadilla de muchos