La dificultad está en los detalles.

Leo el artículo de María Teresa Fernández de al Vega en El País de 16 de marzo de 2007 “De camino hacia un sueño” http://www.elpais.com/articulo/opinion/camino/sueno/elpporopi/20070316elpepiopi_6/Tes en el que, a propósito de la aprobación de la Ley de Igualdad, aprovecha para hacer repaso de la legislación de género promovida por este Gobierno y, en el que entre otras cosas dice: “esta es una ley histórica que sitúa a nuestro país en la vanguardia mundial de la lucha contra la discriminación de género y nos convierte en un referente internacional....”. Después de leído el artículo tengo la sensación de que, es fácil un balance así, cuando se evitan los detalles y matices, pero también cuando se callan aspectos importantes de la realidad.

Por ejemplo, es importante que no se cite en todo el artículo, en el que se hace un repaso de la legislación de su Gobierno en relación con la igualdad, la nueva Ley de Divorcio, en la que a pesar del propósito inicial del entonces Ministro de justicia, no se pudo hacer realidad el principio de custodia compartida y ahora tenemos una legislación que seguro no será modelo a imitar por países como Canadá, EE.UU., Francia y tantos otros, que sí gozan de una ley con esas características, mientras que aquí la impresión más general es la de una ley malograda.

Aun cuando cita la Ley contra la violencia de género, olvida que seguramente, tampoco será fácilmente exportable si tenemos en cuenta el amplio malestar y la importante contestación y dificultades que encuentra en quienes la deben aplicar. Consagrar, como hace esta ley, diferente trato penal para hombres y mujeres, a juicio de relevantes especialistas en derecho, - y que no pretendan engañarnos, la mayoría de inequívoca trayectoria progresista-, no nos sitúa en el futuro, más bien nos retrotrae a momentos históricos en los que los súbditos recibían diferente trato, por parte de la ley y los tribunales, según su condición. Como nos recordaba este mismo diario recientemente y yo recojo en otra entrada, a estas alturas están planteados 113 recursos que cuestionan su constitucionalidad.

Entiendo que cuando una es vicepresidenta del Gobierno que promovió esa ley, no sea lo primero que se mencione, pero eso no evita que estén ahí pesando como una losa, las 150.000 denuncias que ha generado hasta el momento y las 30.000 condenas, en unos juicios que no parece se estén realizando en las condiciones más acordes con un Estado de derecho, como nos recuerda la señora Sanahuja y buena parte de la carrera judicial, y dónde se está registrando un importante número de denuncias falsas. Por no hablar de la cifra de 2.000.000 de maltratadores que el Gobierno da por buena, pero que para históricas como E. Badinter, o Marcela Iacub, y estadísticos como Joaquín Leguina, carecen del más mínimo rigor científico mostrando su sesgo desde el primer momento, al excluir al hombre del estudio, pero también en todas las demás fases hasta la confección del índice. (Es otra de las grandes paradojas de este feminismo que carga la tintas contra una asociación exclusiva de hombres, pero promueve el separatismo de sexos en toda cuanta iniciativa promueve).

En relación con la ley de igualdad todo está por ver. Es evidente que el feminismo que la preconiza esté contento. Las mujeres tienen garantizado el acceso a las listas electorales, consejos de administración, y en general a cuanta instancia de poder existe, por mandato de ley, gozando además da amplias ventajas en el terreno de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Que los fundamentos sobre los que toman asiento todas estas medidas sean más que discutibles, que algunas de ellas resulten claramente discriminatorias para el varón y, que a la igualdad haya que apellidarla de género, son los asuntos que realmente merecería haber discutido antes de su aprobación, pero desconozco el porqué estos asuntos parecen siempre dilucidados de antemano y los ciudadanos nos enteramos de su existencia cuando las leyes o están aprobadas o a punto de hacerlo.

Finalmente me interesa comentar el párrafo que dice: “Hay quienes han dicho que esta norma – se refiere a la Ley de Igualdad- es intervencionista y quienes consideran que es innecesaria, ya que “dando tiempo al tiempo” alcanzaremos la igualdad real. Creo sinceramente que cometen una enorme injusticia. ¿Cuánto tiempo más habría que esperar?, ¿cuántas generaciones más de mujeres sufrirían discriminación, desigualdad y violencia?”

En mi opinión no sólo es intervencionista, sino que no hace justicia a la historia reciente de nuestro país, en el que, y creo no debería olvidar esto la señora vicepresidenta, hemos conquistado la democracia hombres y mujeres juntos (en ese momento si parecía posible hacer algo juntos) y hemos conquistado el marco que ha hecho posible todo lo que vendría después, y eso con una presencia mayoritariamente masculina en todos los órganos de poder. Pero además se ha conseguido, en el breve tiempo del que estamos hablando, que nuestro mercado laboral acoja a 8.500.000 de mujeres, o que sean ampliamente mayoritarias en la Universidad y en los empleos más cualificados de esta sociedad, por no hablar de que, ahora mismo en TV parece que quien peor lo tiene no es la mujer. Comparando todo esto, con lo que han costado en otros momentos históricos tareas de mucho menor calado, habría que destacar justamente “lo pacífico” de todo el proceso, con la exclusión del tema de la violencia doméstica. Pero aquí ya podemos hablar de reiterados intentos legislativos, algunos de este mismo Gobierno que, aún cuando no gocemos de la perspectiva necesaria para juzgar su definitiva idoneidad, no parecen estar dando los resultados de ellos esperados, y si creando importante división dentro y fuera de los ámbitos judiciales y políticos de esta sociedad, tanto en lo que se refiere al diferente trato a hombre y mujeres como a las garantías jurídicas que deben acompañar cualquier proceso judicial en un estado de derecho.

En mi opinión, la citada Ley de Igualdad, consagra unos privilegios y un poder para las asociaciones de mujeres que, unido al que ya gozan en este momento, a la forma en qué se está ejerciendo y al estatus de pensamiento único que le han conferido las grandes organizaciones políticas, lo dota un perfil que no parece el más apropiado en una sociedad democrática, donde frente a cualquier forma de poder debe existir un contrapoder que evite los excesos a los que todos los grupos sociales tienden de forma casi inevitable, ya que como dijo Celia Amorós, feminista y actual premio nacional de ensayo, cualquier grupo social que puede ejercer el poder sobre otro lo termina haciendo (cito de memoria una frase suya en una entrevista en la radio, pero creo expresar correctamente lo que quería transmitir)