Miguel Lorente y la violencia de género

http://elcomentario.tv/reggio/defender-a-la-mujer-para-lograr-la-igualdad-de-miguel-lorente-en-el-mundo/17/08/2010/

 Leyendo el artículo uno tiene la sensación de que Miguel Lorente se refiere a una sociedad que no es la nuestra, como si de repente hubiéramos retrocedido décadas, incluso siglos. Hablar de la violencia de género como costumbre, hablar de ella como una conducta que  “cuenta con el beneplácito de una cultura que la ha normalizado y que cuestiona más a las víctimas y a quienes hablamos de ella que a los agresores y a quienes, de alguna manera, minimizan el calado de esa violencia.” resulta cuando menos un diagnóstico equivocado para una sociedad en la que, desde hace muchísimo tiempo por no decir siempre, tal comportamiento es señalado como el más aborrecible y donde el conjunto de la sociedad: legisladores, jueces, periodistas… se han volcado con éste y anteriores Gobiernos.


Cosa diferente es que se pretenda que en este tema no se pueda ejercer la crítica democrática, o que cualquier crítica se presente como un ataque a las víctimas y no a los gestores de las políticas  desarrolladas en relación con este tema, también diferente de  entender la crítica no como una contribución a la solución del problema sino siempre como un obstáculo o, como me temo,  pretender  que no se pueda poner en duda unas opiniones como las que expresa en este artículo, donde  equivoca de forma tan importante el diagnóstico sobre una sociedad en la que la mujer no sólo goza de los mismos derechos y garantías jurídicas que el varón sino que en multitud de planos sociales: universidad, trabajo, derechos sobre la reproducción, índices de consumo y cuidado personal… etcétera su situación no sólo es comparable  sino que en muchos de ellos supera la de los hombres.


Pero como ya puso de manifiesto en el momento de presentar la reciente encuesta sobre las actitudes de los ciudadanos ante esta violencia, parece que se está especializando en buscar culpabilidades en todas partes menos en sus políticas y las del departamento del que él es responsable. Si primero culpabilizó a las víctimas y sus familiares por no presentar suficientes denuncias, y luego acusó a los jueces de excesiva benignidad,  ahora parece que la responsabilidad se extiende como una mancha por todo el tejido social cuando se afirma que se cuestiona más a la víctimas que a los agresores o que se trata de de una conducta “normalizada”.  Si los datos de estadísticas confeccionadas de forma poco escrupulosa acaban induciendo a error en las políticas y las estrategias a desarrollar la culpa no es de una realidad que no confirma esos números sino más bien del método con el que han sido obtenidos y la teoría social que los respalda. 


Desgranando el contenido del artículo yo destacaría el nuevo giro de tuerca que supone abandonar como elemento explicativo de esta violencia, no sólo el  marco jurídico, social y político,  sino también  las circunstancias personales, al desligar esa violencia de los “elementos individuales que definen la relación de pareja”, para decidir  situarla en un limbo: “sino como una situación general traída por la desigualdad atávica”. Lo que supone tal como él nos dice que  dejaría de ser relevante  “si ella gana más dinero que él o tiene más estatus, si existe dependencia material…” pues eso entra en franca contradicción con todo lo dicho anteriormente por el feminismo, también con la encuesta que el propio Ministerio de Igualdad utiliza para conocer esa violencia  basada en justamente los “elementos individuales que definen la relación de pareja”.  


Pero si llamativo resulta la forma en que se carga toda la historia del feminismo desde sus orígenes al decir que la raíz de la desigualdad ni es social, ni es personal, sino atávica, sin que se nos diga por qué vía, más llamativo resulta que ahora también se sostenga que la violencia de género no busca los objetivos de dominación y subordinación: “No es una violencia que busca esos objetivos -se refiere a los del artículo 1 de la Ley- sino que nace de esas circunstancias, y no como parte de un contexto individual de relación de pareja, sino como una situación general traída por la desigualdad atávica.” Ya que hasta el presente justamente se hablaba de ese como el mejor elemento que la caracterizaba, aunque ahora parezca que se trata de la “desigualdad atávica” sin que nos sea claro discernir que puede encerrar tal expresión.


Y un poco más adelante decir: “Por eso el agresor tiene que ser un hombre, la víctima una mujer, y las circunstancias la relación de pareja” , y entonces preguntarnos, cómo es posible que un delito que es definido por el sexo de los agentes activo y pasivo no constituya derecho de autor y  violación del artículo 14 de la Constitución en lo relativo a discriminación por razón de sexo, aunque también para esta cuestión nos da su particular visión de las cosas y las leyes cuando dice: “Y si existe la discriminación por razón de sexo, significa que son las mujeres las que la han sufrido en una historia que abraza al presente.” Es decir, no se produce discriminación por razón de sexo ya que según su particular lectura de la Constitución el artículo 14 al hablar de discriminación por razón de sexo no se estaría refiriendo tanto a hombres como a mujeres, sino exclusivamente a ellas.


Como resumen diría que Miguel Lorente pretende con este artículo alejar las responsabilidades que le corresponden como responsable del gobierno para  una violencia que se ha vuelto a disparar. Y por eso se hace necesario recordarle una vez más que si la realidad desdice una teoría, lo lógico no es mantener la teoría pensando que sea la realidad la que acabe viniendo a ella, sino cambiar una teoría que equivoca la sociedad en que se asienta y, como consecuencia de ese error, el diagnóstico y las medidas a arbitrar para corregir un fenómeno como la violencia doméstica. Ser juez y parte en este asunto como lo está siendo el feminismo institucional puede acabar confundiendo las necesidades propias con el objetivo social que se pretende alcanzar: en este caso hacer mínima la violencia doméstica sin que por ello se resiente el Estado de derecho.

Huida hacia adelante

Vaya por delante mi apoyo y comprensión a todas las víctimas de violencia doméstica y sus familiares. De nuevo el ministerio de Igualdad y el delegado del Gobierno para la violencia de género urgidos por el repunte de la violencia en los últimos meses y llevados de ese movimiento espasmódico de anunciar una nueva medida ante cada dato negativo, parecen decididos a otra huída hacia adelante, al anunciar  la publicación de la lista de maltratadores para provocar el rechazo social y frenar la sangría de víctimas. Eso al menos es lo recogido en la noticia.

De hacer caso a las promotoras de la ley integral contra la violencia de género, ésta vendría a significar un antes y un después en la lucha contra la violencia de pareja en nuestro país al tiempo que un faro y una avanzadilla para el resto de las legislaciones del mundo, que pronto podrían observar la eficacia de la misma. Lo cierto es que la Ley con cinco años ya de vigencia se aprobó contra el parecer de muchos técnicos y especialistas incluso contra el dictamen de la Real Academia de la Lengua, que no veía bien la expresión violencia de género, denominación que las redactoras si tuvieron mucho interés en mantener en aquel momento,  aunque el tiempo las haya hecho cambiar de parecer y ahora se inclinen por el de violencia machista.

La Ley que se denominó integral porque pretendía abarcar todos los aspectos relativos a la citada violencia incluido el tratamiento por parte de los medios de comunicación y cursillos de formación para todos los implicados en el proceso: policía, miembros del poder judicial, servicios médicos y sociales e informadores, fue conducido, con el apoyo total del Gobierno que la adoptó como una de sus señas de identidad más queridas, por las personas y organismos que constituyen el importante entramado del feminismo institucional en nuestro país. Más garantías de que las cosas se hicieran bajo la dirección y siguiendo los dictados de quienes la auspiciaron y más interés pusieron en la misma no son posibles.   

Pero lo cierto es que nunca dio los resultados que de la misma se esperaban lo que obligó al Gobierno a acompañar cada noticia negativa relativa al número de muertas del anuncio: bien de mayor dotación económica, bien de reforma del Código Penal para endurecer las penas, bien de una nueva campaña en los medios, bien de un mayor refuerzo de la vigilancia judicial y policial. Lo cierto es que las campañas en los medios durante los últimos años se han sucedido una tras otra, también que el Código Penal ha sufrido una modificación con endurecimiento de penas casi cada año, que se ha extremado las medidas de vigilancia policial y judicial, que se han puesto en marcha las pulseras con gps para los maltratadores y nada parece suficiente.

Ante esta situación que con un mínimo de conciencia autocrítica debería obligar a sus responsables a  repensar el tema desde el principio, y quizá la toma en consideración de opiniones que en su momento se rechazaron porque todo lo que  no estuviera en el pensamiento feminista venía a resultar sospechoso de patriarcalismo, observamos que lo que se nos ofrece es más de lo mismo, esta vez acompañado de una petición de silencio de cualquier tipo de crítica hacia la labor de quienes tienen en su mano la reorientación de todo este asunto. Y todo sin reparar tan siquiera que lo que se nos ofrece se atenga a las reglas de la lógica, pues si únicamente 4 de las 21 asesinadas habían presentado denuncia, ¿cuál sería la virtualidad de publicar la lista de maltratadores, si los correspondientes a 17 de cada 21 no estarían?

En mi opinión  una vez más se demuestra que la citada Ley no está resultando el instrumento adecuado para luchar contra esta lacra social y esto es así porque desde un primer momento ha primado el criterio ideológico en la elaboración y aplicación de la misma y porque ésta está trufada de una concepción del hombre heredera del feminismo radical americano que reduce a una única causa todas los violencias del hombre a la mujer –deseo de dominio-; al tiempo que exculpa cualquier violencia en sentido contrario ya que únicamente podría deberse a violencia de reacción o en defensa propia. Este es el artificioso esquema que sustenta tan importante ley y desde esta perspectiva no resulta difícil encontrar el motivo de su fracaso y, por que no decirlo, del rechazo de buena parte de la población conocedora de que las cosas no suceden así.

De prevalecer en el Gobierno y los responsables de este asunto un mínimo de grandeza y deseos de reorientar este tema en una dirección que pueda conducir hacia su solución, habrían de reconocer el  fracaso de la actual Ley, y la necesidad de reconsiderar la cuestión en toda su dimensión y desde el principio; y hacerlo siguiendo el criterio de los verdaderos profesionales conocedores del asunto: juristas, psicólogos, etc. y no de quienes por intereses ideológicos o de otra índole nos han conducido a la situación en que actualmente estamos. Pero mucho me temo que estas palabras vayan a caer en vacío, incluso se puedan señalar como contrarias o contraproducentes, cuando no fruto del machismo latente en cada hombre que se atreve a hablar en público de estos asuntos desde una perspectiva que no sea la de género.