Administración paralela

En un excelente relato en Deseducativos, se cuenta el incidente provocado por  una emisaria del feminismo institucional, que impartía un taller de lenguaje no sexista, con el departamento de Lengua de un instituto, al que os remito para los detalles. Lo cierto es, que no hay campo de la realidad social y cultural en el que el feminismo institucional no tenga carta blanca de los poderes públicos para intervenir como una especie de alta inspección con capacidad para corregir a un departamento educativo, pero también para explicar a jueces, policías,  médicos y a quien haga falta, qué es la violencia de género y cómo se debe  combatir, con instrucciones de lo más preciso y sin derecho de réplica por parte de quienes a estos cursos deben asistir.

Lo más asombroso de todo este asunto es que las instituciones y las personas de repente nos vemos en la obligación de aceptar que, quien no posee más título en estos temas que los que el Instituto de la mujer o institución parecida  les otorga,  se constituyan en autoridad infalible y que todo lo sabe, sobre temas tan espinosos como todos los relacionados con el género, y el común de los ciudadanos a lo máximo  que podamos aspirar sea a una acción como la que este departamento de lengua ha protagonizado y que, como os podréis suponer constituye una excepción en este panorama de pensamiento único, que atraviesa todo tipo de personas e instituciones incluyendo ediles, alcaldes, sindicalistas, corporaciones locales, sindicatos y lo que haga falta. 

Y no es sólo que la experiencia demuestre la pobreza de estas “enseñanzas”. El caso paradigmático quizá lo constituya el propio término: género, impuesto en la legislación  por primera vez con ocasión de  la Ley integral contra la violencia de género. En aquel momento desde el legislativo se recabó un informe a la Real Academia de la Lengua sobre la denominación de dicha violencia como de género,  informe en el que ésta se mostró contraria a tal uso, lo que le valió no sólo no haber sido escuchada y que la Ley se denomine como todos sabemos, sino el  estar durante un tiempo sometida a durísimos ataques en los que su labor era situada al nivel de las mayores infamias del  patriarcado. 

Hoy, hasta sus propias mentoras reniegan del término violencia de género para inclinarse por el de violencia machista,  pero la confusión ha sido sembrada y en un reciente editorial de un periódico se la denominaba de tres maneras diferentes: violencia doméstica, de pareja y machista,  sin que ninguna coincidiera con la que este feminismo impuso y es ley, y quizá lo que sea más grave que una mayoría de la población incluso ilustrada no sepa muy bien qué demonios significa eso y si es algo más o distinto de la violencia doméstica, o por qué no puede denominarse de pareja, llegando la confusión hasta los propios magistrados que deben juzgar estas situaciones.

En un país democrático las administraciones paralelas no debieran estar consentidas, ni se debiera permitir que al margen de lo reglado existan unas personas que, sin más título que el que se conceden a sí mismas y saltándose los protocolos propios de una sociedad moderna, se constituyen en  “autoridad” para hacer y deshacer en todo lo relativo a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Y quizá convenga no olvidar, que se arrogan la verdad única e indiscutible en campos tan problemáticos y extensos como: la violencia de género, el lenguaje sexista, la educación sexual y reproductiva, y tantos otros, entre ellos la publicidad, terreno en el que las protestas de los amonestados se producen un día sí y otro también pero sin posibilidad de hacer, al menos por parte de los pequeños empresarios,  otra cosa más que cumplir lo que se les dicta si no quieren meterse en dificultades que les puedan arruinar su negocio.