Decíamos
hace unos meses que parecía que llegábamos al principio del fin de los “años de plomo” de la
misandria política y algo de verdad debe
haber en dicha aseveración a tenor de las muestras de inseguridad sobre lo que
dice y piensa Miguel Llorente cuando tiene que agarrarse como a un clavo
ardiendo a la encuesta del CIS sobre violencia de género, como lo hace en esta entrada. Leyéndolo parecería que se
tratase del único estudio sociológico sobre violencia de pareja existente en el
mundo.
Como si
para mayor desgracia de todos los amantes de la verdad y los contribuyentes que
lo financiamos, no estuviese confeccionado desde la presunción de género,
negada mil veces por la realidad, de que la violencia de pareja es
unidireccional del hombre a la mujer, lo que equivale a considerar como punto de
partida lo que se pretende demostrar. Como si él mismo con anterioridad no
hubiera dado pábulo a muchos otros estudios en los que lo que ahora son 600.000
eran más de 2.000.000.
Como si
pretendiera que no debamos dar importancia al sesgo absolutamente inadmisible
de que dicha estadística está confeccionada
con los datos suministrados a través de encuesta pasada exclusivamente a mujeres, como si desconociera que cientos de
otros estudios llevados a cabo por otras tantas instituciones públicas y
privadas concluyen de modo bien diferente sus investigaciones. Algunos aquí pero también éste por la proximidad de sus
autores y conclusiones. Para más información también se puede seguir este debate.
Como si
aquello que el estudio concluye: la existencia o no de maltrato del hombre a la
mujer y su medida no se obtuviese por inferencia de las respuestas a un cuestionario que multitud de autoras
consideran claramente inapropiado o que
pasado a ellos arrojaría unos resultados no muy distintos. Como si se pudiese
conocer la verdad sobre la
existencia o no de denuncias falsas preguntando a las mujeres si creen que éstas
existen. ¿Habrán reparado en que quizá
si esa pregunta en lugar de a ellas se la formulasen a ellos los resultados
podrían diferir ampliamente?
¿Puede
un estudio así prescindir de la reiterada constatación de que cuando a cada uno
de nosotros –unos y otras, ellos y ellas- se nos interroga sobre nuestra aportación al común
de las tareas de la pareja solemos exagerar siempre la aportación propia y
minusvalorar la del otro? ¿Alguien diría que la mejor forma de comprobar si
existe discriminación salarial femenina sea a través de una encuesta pasada a
mujeres?
¿Cómo conciliar que sea a ellas a quienes se formule la pregunta de si su marido o compañero les impide ver a su
familia con la constatación sociológica
amplísimamente ratificada por los hechos de que quienes con más frecuencia acaban perdiendo
contacto con los suyos son ellos, y no solo ellos también todos los miembros de la familia paterna: abuelos, tios, etc.?
¿Cómo pensar que debamos aceptar que las únicas que reciben comentarios sobre su vestimenta son ellas?
Si todo lo anterior fuese insuficiente habría que añadir que se trata de unos resultados y unas conclusiones que teniendo en cuenta el procedimiento de obtención habría que poner en cuarentena a la luz del enorme gap existente entre las denuncias presentadas en los años de aplicación de LIVG: más de 900.000 y el número de sentencias condenatorias: 207.000.
¿Cómo pensar que debamos aceptar que las únicas que reciben comentarios sobre su vestimenta son ellas?
Si todo lo anterior fuese insuficiente habría que añadir que se trata de unos resultados y unas conclusiones que teniendo en cuenta el procedimiento de obtención habría que poner en cuarentena a la luz del enorme gap existente entre las denuncias presentadas en los años de aplicación de LIVG: más de 900.000 y el número de sentencias condenatorias: 207.000.
Esta temporada está de moda Clara Campoamor, impulsora del voto femenino en España. No es por restarle méritos, pero creo que, para seguir el orden natural de las cosas, la diputada Campoamor debería haber empezado por reivindicar la obligación que históricamente precedió al derecho de voto masculino, primero en la Roma antigua y después en las sociedades modernas herederas de la Revolución Francesa y su concepto de citoyen-soldat: el servicio militar obligatorio.
ResponderEliminarEn España, el sufragio universal masculino se estableció en 1890; el femenino, en 1931. No obstante, aunque las hijas de los primeros hombres votantes tuvieron derecho de voto, el costo cívico de ese derecho siguió recayendo exclusivamente en los hombres. En la época en que se instauró el sufragio universal masculino, los varones españoles estaban obligados a prestar servicio militar durante ocho años, cuatro de ellos en servicio activo y los otros cuatro dependiendo de las necesidades del servicio. A mi bisabuelo le tocaron siete años de servicio activo: volvió tan cambiado que atravesó todo el pueblo sin ser reconocido por ninguno de los parientes y vecinos con los que se cruzó. Mis dos abuelos hicieron, como soldados de reemplazo, las guerras de Cuba y Marruecos, respectivamente. Mi padre, la guerra civil. Nunca oí que ninguna de mis antepasadas envidiara la suerte de su marido por ese lado, con o sin derecho de voto.
Y ya que hablamos de servicios militares, y aprovechando que estamos en guerra, bueno es también recordar que, hoy como ayer, los combatientes de primera línea, los heridos y los muertos suelen ser hombres… Aunque, como decía Hitler, que quizás era un poco feminazi, “para eso están, ¿no?”
Victor
Sobre la muerte en combate de los hombres, así como su comportamiento en situaciones tipo Titanic, el neofeminismo ha ofrecido explicaciones originales en esta bitácora.
ResponderEliminarVictor, lo que cuentas lo expresaba de modo sintético Eduardo Zugasti en twitter, al resaltar la diferencia entre la verdadera noción de igualdad y la igualdad efectiva de la que habla el neofeminismo:
ResponderEliminar"Igualdad efectiva" no significa eso. Significa que quieren la mitad o más de todas las cosas guays.
Contraponiendo esa idea con la auténtica noción de igualdad como:
Principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos.