Una serie de organismos, como el Instituto de la Mujer, el Observatorio para la violencia de género, o la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres, son los encargados de “entender” en el asunto de la violencia doméstica. Según su terminología, doméstica y de género, para diferenciar la ejercida por el hombre sobre la mujer de las otras, ya que al parecer aquélla es la única merecedora de un tratamiento diferenciado.
Todos están compuestos por mujeres de probada militancia feminista y, que se mueven en el denominado por Elisabeth Badinter feminismo institucional, con ideas muy precisas sobre esta violencia, y cuya ideología de forma abreviada podríamos resumir diciendo que en la sociedad patriarcal en que vivimos el hombre ejerce violencia contra la mujer para mantener su dominio, la mujer cuando la ejerce contra el hombre es en legítima defensa. Esta violencia, la del hombre sobre la mujer, es de una naturaleza distinta a cualquier otra como pueda ser: la ejercida de madres a hijos, o en las parejas homosexuales, de las mujeres hacia los progenitores o personas a su cuidado, etc.
Estas instituciones de hecho son las encargadas de definir esta violencia, medirla estadísticamente, proponer la legislación a aplicar, vigilar su cumplimiento, transmitir la información a los medios y la forma en que deben hacerla llegar a los ciudadanos, e incluso formar en estas materias a policías, jueces, fiscales y otro personal relacionado con la aplicación de la ley, en un círculo que se cierra sobre sí mismo.
Como fruto de su trabajo tenemos las encuestas de violencia doméstica -de las que el hombre ha sido excluido como sujeto pasivo de la misma-, que nos hablan de que en nuestro país existen 2.000.000 de maltratadores, también las propuestas sobre el contenido de la Ley contra la violencia de género (que en el momento de su discusión en las Cámaras levantó un gran número de pronunciamientos en contra; de la RAE por la denominación; del Consejo de Estado; de los penalistas y de buena parte de la carrera judicial y otras personas, pero eso no impidió su aprobación en los términos definidos por la ideología citada más arriba, es decir, con la denominación por ellas querida, con diferenciación del trato penal a hombres y mujeres, con la creación de tribunales especiales, y diferenciando la de género, en el sentido definido más arriba, del resto.
Si la Administración y la Justicia en un Estado de Derecho han de ser imparciales y se debe evitar cualquier tipo de contaminación con los asuntos tratados, qué es lo que hace que esta materia nada suceda de ese modo. Cómo es posible que un Estado democrático y de derecho haga suyos los planteamientos de un grupo ideológico, y traslade no sólo a la legislación sino a todas las fases de un asunto como este de la violencia doméstica sus postulados. En cualquier caso es lo que está sucediendo en nuestro país. En El País de 26.4.2007 se recogía el primer año de vigencia de esta Ley de la siguiente forma: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/minutos/detiene/hombre/violencia/genero/elpepusoc/20070426elpepisoc_2/Tes y quiero entresacar de todo ello los datos:
“Este año ha habido 21 muertas por violencia de género y 68 el año pasado. En España se detuvo en 2006 a 45.296 hombres por violencia de género. En el mismo año se celebraron 37.521 juicios que derivaron en 26.313 condenas. Del total de los procedimientos judiciales cerrados en 2006, el 43%, casi la mitad, fue archivado”
Y en esta relación falta el número de las denuncias que se elevó a 146.780
Sobre lo anterior la señora Sanahuja dice:
"Antes, a las mujeres que denunciaban malos tratos se las mandaba a casa sin muchos miramientos, ahora, por fortuna, ya no es así, pero detenemos en un porcentaje excesivo, la policía, los jueces y los fiscales estamos actuando con miedo. ¿Qué pasa si no detenemos y luego ocurre algo?, me dicen en las escuelas de policía que he visitado. Esto no puede ser", añade.
Pero Sanahuja insiste: "El miedo está llevando a un número excesivo de detenciones sin indagaciones previas mínimas. Y en los juzgados de guardia se ve de todo, desde personas con enfermedades mentales que denuncian a quienes les cuidan en momentos de crisis, hasta los tentados de utilizar esta vía penal para favorecer el proceso civil de un divorcio, por ejemplo".
Como colofón a todo lo anterior merece la pena destacar que los datos anteriores fueron presentados a la prensa por la presidenta del Observatorio para la violencia doméstica y de género, Montserrat Comas, de la siguiente forma: “ Siete de cada diez maltratadores han sido condenados”. Es decir, a lo señalado más arriba habría que añadir que aún cuando uno haya sido absuelto, sigue siendo tratado por esta señora como maltratador. Más escarnio imposible. Aunque también cabe recordar que con los datos en la mano la información se habría podido presentar como: 6 denuncias por cada condenado y preguntarse a continuación qué tipo de sociedad y justicia estamos creando que tan fácil resulta denunciar a alguien de un delito tan ignominioso.
No debemos olvidar por ejemplo el caso del padre de Alba, aquel hombre que cuando se encontraba en el calabozo como consecuencia de una denuncia falsa de su ex - mujer, se enteró de que su hija estaba al borde de la muerte por una paliza de la que resultaron acusados su madre y su compañero sentimental. Extremar la vigilancia para que las mujeres no sufran violencia no puede conducir a situaciones de ese tipo.
Para combatir los problemas sociales los atajos siempre terminan siendo más una trampa o un espejismo que una solución. Si a nadie se le ocurre poner la política antiterrorista en manos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o meter en la cárcel a todos los empresarios a los que les muere un trabajador en accidente laboral, no entiendo por que en los asuntos de violencia doméstica se actúa como se está actuando. La violencia doméstica es una lacra que entre todos tenemos que eliminar, pero desde luego no se gana en confianza en los procesos emprendidos cuando concurren todas las circunstancias señaladas más arriba.