Vaya por delante mi apoyo y comprensión a todas las víctimas de violencia doméstica y sus familiares. De nuevo el ministerio de Igualdad y el delegado del Gobierno para la violencia de género urgidos por el repunte de la violencia en los últimos meses y llevados de ese movimiento espasmódico de anunciar una nueva medida ante cada dato negativo, parecen decididos a otra huída hacia adelante, al anunciar la publicación de la lista de maltratadores para provocar el rechazo social y frenar la sangría de víctimas. Eso al menos es lo recogido en la noticia.
De hacer caso a las promotoras de la ley integral contra la violencia de género, ésta vendría a significar un antes y un después en la lucha contra la violencia de pareja en nuestro país al tiempo que un faro y una avanzadilla para el resto de las legislaciones del mundo, que pronto podrían observar la eficacia de la misma. Lo cierto es que la Ley con cinco años ya de vigencia se aprobó contra el parecer de muchos técnicos y especialistas incluso contra el dictamen de la Real Academia de la Lengua, que no veía bien la expresión violencia de género, denominación que las redactoras si tuvieron mucho interés en mantener en aquel momento, aunque el tiempo las haya hecho cambiar de parecer y ahora se inclinen por el de violencia machista.
La Ley que se denominó integral porque pretendía abarcar todos los aspectos relativos a la citada violencia incluido el tratamiento por parte de los medios de comunicación y cursillos de formación para todos los implicados en el proceso: policía, miembros del poder judicial, servicios médicos y sociales e informadores, fue conducido, con el apoyo total del Gobierno que la adoptó como una de sus señas de identidad más queridas, por las personas y organismos que constituyen el importante entramado del feminismo institucional en nuestro país. Más garantías de que las cosas se hicieran bajo la dirección y siguiendo los dictados de quienes la auspiciaron y más interés pusieron en la misma no son posibles.
Pero lo cierto es que nunca dio los resultados que de la misma se esperaban lo que obligó al Gobierno a acompañar cada noticia negativa relativa al número de muertas del anuncio: bien de mayor dotación económica, bien de reforma del Código Penal para endurecer las penas, bien de una nueva campaña en los medios, bien de un mayor refuerzo de la vigilancia judicial y policial. Lo cierto es que las campañas en los medios durante los últimos años se han sucedido una tras otra, también que el Código Penal ha sufrido una modificación con endurecimiento de penas casi cada año, que se ha extremado las medidas de vigilancia policial y judicial, que se han puesto en marcha las pulseras con gps para los maltratadores y nada parece suficiente.
Ante esta situación que con un mínimo de conciencia autocrítica debería obligar a sus responsables a repensar el tema desde el principio, y quizá la toma en consideración de opiniones que en su momento se rechazaron porque todo lo que no estuviera en el pensamiento feminista venía a resultar sospechoso de patriarcalismo, observamos que lo que se nos ofrece es más de lo mismo, esta vez acompañado de una petición de silencio de cualquier tipo de crítica hacia la labor de quienes tienen en su mano la reorientación de todo este asunto. Y todo sin reparar tan siquiera que lo que se nos ofrece se atenga a las reglas de la lógica, pues si únicamente 4 de las 21 asesinadas habían presentado denuncia, ¿cuál sería la virtualidad de publicar la lista de maltratadores, si los correspondientes a 17 de cada 21 no estarían?
En mi opinión una vez más se demuestra que la citada Ley no está resultando el instrumento adecuado para luchar contra esta lacra social y esto es así porque desde un primer momento ha primado el criterio ideológico en la elaboración y aplicación de la misma y porque ésta está trufada de una concepción del hombre heredera del feminismo radical americano que reduce a una única causa todas los violencias del hombre a la mujer –deseo de dominio-; al tiempo que exculpa cualquier violencia en sentido contrario ya que únicamente podría deberse a violencia de reacción o en defensa propia. Este es el artificioso esquema que sustenta tan importante ley y desde esta perspectiva no resulta difícil encontrar el motivo de su fracaso y, por que no decirlo, del rechazo de buena parte de la población conocedora de que las cosas no suceden así.
De prevalecer en el Gobierno y los responsables de este asunto un mínimo de grandeza y deseos de reorientar este tema en una dirección que pueda conducir hacia su solución, habrían de reconocer el fracaso de la actual Ley, y la necesidad de reconsiderar la cuestión en toda su dimensión y desde el principio; y hacerlo siguiendo el criterio de los verdaderos profesionales conocedores del asunto: juristas, psicólogos, etc. y no de quienes por intereses ideológicos o de otra índole nos han conducido a la situación en que actualmente estamos. Pero mucho me temo que estas palabras vayan a caer en vacío, incluso se puedan señalar como contrarias o contraproducentes, cuando no fruto del machismo latente en cada hombre que se atreve a hablar en público de estos asuntos desde una perspectiva que no sea la de género.