Una forma (nefasta) de gobernar

Todos recordamos aquellos primeros tiempos en los que la palabra clave para entender el estilo del señor Zapatero lo constituía el famoso talante. Palabra sobre la que se discutió su significado, interpretando cada uno según su procedencia ideológica, más o menos lo que quería. El interés por lo que tal cosa podía significar fue decayendo hasta el punto de que a día de hoy no  constituye objeto de preocupación para nadie.

Más que eso preocupan los efectos de una forma de gobernar que a falta de otra mejor denominaré democratismo. En un paralelismo curioso con lo que está sucediendo en la enseñanza se  diría que, al igual que en ésta se ha sustituido al profesor que enseña por el profesor que tutoriza y al alumno que aprende por el alumno que construye su autoaprendizaje, en el terreno político se hubiera sustituido al Presidente que gobierna por un Presidente que supervisa las acciones de gobierno que previamente ha delegado.

Visto desde fuera,  observo que en buena medida el estilo de Zapatero consistió en que, una vez elegidos los sectores sobre los que pretendía apoyar su acción de Gobierno, decidió entregar en manos de  quien creía que mejor los representaba el poder de decidir qué política llevar adelante. Todo ello sin percatarse de que la acción del Gobierno no consiste en una labor de coordinación y representación, sino que el Ejecutivo por ser el poder más fuerte, además de las funciones que le son propias es responsable en buena medida del  funcionamiento general de las instituciones.  

Y así, en el tema autonómico decidió dejar en manos de los catalanes lo que hubiera de ser su Estatut y con ello buena parte de la política territorial de todo el Estado; en el tema de la  igualdad de género hizo otro tanto de lo mismo depositando todo el poder de decisión en las organizaciones feministas; y en la política social concediendo a los sindicatos un protagonismo y un poder que prácticamente hicieron indiscutibles sus posiciones, incluso en el momento presente cuando por mor de no haber realizado una reforma del mercado laboral, que finalmente tendrá que ser, estamos corriendo unos riesgos  que claramente se nos deberían evitar.

Lo cierto es que la situación del país en el momento actual no puede ser más crítica, con una crisis económica a la que no se le acaba de hacer frente, pero también con una amenaza de crisis institucional seria en lo que afecta al Tribunal constitucional y el Estatut, y en casi todo lo que tiene que ver con la justicia con el caso del juez Garzón y el Tribunal Supremo o muy serias acusaciones  contra los magistrados; y en lo relativo a la igualdad de género, con un  conflicto que hasta el momento permanece oculto y larvado pero que en algún momento saldrá a la luz.

Y saldrá a la luz,  porque el paquete legislativo relativo a la misma no puede ser más injusto y discriminatorio e inasumible en un Estado de derecho. Crisis que, por lo demás,  no se detiene en esos aspectos y alcanza terrenos como el fracaso del sistema educativo o una clara desafección hacia la clase política. Y para nada de eso el Gobierno parece ofrecer respuesta, aferrado a la idea de que, no es ante los ciudadanos ante quien debe responder, sino ante un PP que adolece, sino de los mismos, de parecidos vicios y defectos.